Pocos meses después de ser nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera tildó las prejubilaciones de despilfarro y aseguró que su gobierno no iba a dar un euro para ese fin. Dos años después firmaba el Expediente de Regulación de Empleo que prejubilaba a 4150 trabajadores, casi la mitad de la plantilla de RTVE.
Al mismo tiempo, el presidente José Luis Rodriguez Zapatero encargaba a un comité de “sabios” la reforma de la radiotelevisión pública. Dos años más tarde ignoraba olímpicamente sus recomendaciones y optaba por un proyecto de servicio público de radio y televisión basado en la bisoñez y el “mileurismo” en su plantilla y la privatización de la producción a empresas externas, muchas vinculadas a la competencia como la sexta y cuatro.
La nueva Llei de la Corporació de Mitjans Audiovisuals era la última esperanza de que en España se pudiera vivir la experiencia de un servicio público de calidad, plural e independiente del poder político. Pero el espíritu de una ley modélica ha sido rápidamente traicionado por unos partidos políticos que no están dispuestos a entregar a los ciudadanos unos medios públicos de comunicación que tantos réditos propagandísticos les procuran.
Cediendo la información a intereses comerciales o políticos, se hace un flaco favor a la sociedad. Sus efectos se han de sentir forzosamente en ámbitos como la educación, la cultura y la vida cotidiana. Es el propio sistema democrático el que queda afectado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario